Un imparcial Vista de Corte láser de precisión
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El uso excesivo e innecesario de la fuerza —incluidos medios letales— por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la clase estaba presente en toda la región, especialmente en Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En muchos casos, la fuerza se empleaba de forma desproporcionada y con un sesgo racista. En Brasil, al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron zona entre julio y septiembre en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, mientras que el gobierno seguía sin adoptar medidas para acortar la violencia policial, incluido el uso de cámaras corporales.
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Varias personas defensoras de la tierra wet’suwet’en fueron juzgadas en mayo y octubre por proteger su departamento frente a la construcción de un gaseoducto. Una de ellas fue declarada inocente en noviembre, mientras que las demás estaban a la prórroga de decisiones y, de ser declaradas culpables, podían ser condenadas a prisión.
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Las autoridades deben suspender de forma urgente las expulsiones ilegítimas, respetar el principio de no devolución (
Los pueblos indígenas, sometidos históricamente a discriminación racial y marginación, seguían viéndose desproporcionadamente afectados por las violaciones de derechos humanos. En Colombia, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de la ONU, señaló que el 45% de todas las víctimas de desplazamiento en 2023 eran personas afrodescendientes y, el 32%, indígenas.
En varios países, como Argentina, Canadá, Ecuador y Venezuela, se negaba el derecho al consentimiento desenvuelto, previo e informado, especialmente en relación con grandes proyectos de infraestructura. En Canadá, el Plan de actividad Nacional relativo a la proclamación de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el gobierno publicó en junio, no incluía mecanismos de rendición de cuentas ni de adquisición del consentimiento osado, previo e informado.
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En Ecuador, las violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas de 2019 y 2022 continuaron impunes; en junio, el Decreto Ejecutante 755 estipulaba que los agentes encargados de hacer cumplir la clase que fueran sospechosos de suceder causado lesiones, daños o la crimen a una persona no serían detenidos ni destituidos mientras no se dictara una sentencia condenatoria en su contra. En Colombia, se había reformista poco hasta junio en la implementación del Acuerdo de Paz here de 2016.
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